EN RESUMEN
- Un juez federal deniega una demanda colectiva.
- La DOJ puede continuar con las citaciones por registros de jóvenes trans.
- Los hospitales deben impugnar las citaciones individualmente.
- La jueza había bloqueado previamente la solicitud de registros de la DOJ.
- Defensores legales expresan preocupación por la privacidad.
En una resolución que ha dejado a muchos conmocionados, una jueza federal acaba de denegar una solicitud de defensores trans para impedir que el Departamento de Justicia (DOJ) obtuviera registros médicos sensibles de jóvenes trans. Esta decisión, emitida por la jueza federal de distrito de Maryland Julie Rubin, significa que ahora los hospitales deben enfrentarse por su cuenta a las citaciones de la DOJ, sin el respaldo de una demanda colectiva que habría proporcionado protecciones a nivel nacional.
La jueza Rubin, designada por Biden, había mostrado previamente cierta firmeza al anular una citación de la DOJ dirigida al Children's National Hospital de Washington, D.C., en enero de 2026. Determinó que la citación carecía de un propósito legítimo, lo que supuso una pequeña victoria para los defensores de los derechos trans. Sin embargo, esta última resolución ha metido una cuña en los engranajes del progreso, ya que se negó a certificar una demanda colectiva que habría establecido una orden nacional contra las tácticas agresivas de la DOJ.

Durante la audiencia, las familias de menores trans y los defensores legales LGBTQ+ tenían la esperanza de que la jueza reconociera la urgencia de su situación. Argumentaron que, sin una orden a nivel nacional, la DOJ podría continuar su campaña de intimidación, presionando a los hospitales para que entregaran los registros médicos privados de menores trans antes de que pudiera iniciarse cualquier impugnación legal. "Esto es pura intimidación", dijo Shannon Minter, director jurídico del National Center for LGBTQ+ Rights. "Esta administración ha puesto como objetivo a este grupo muy pequeño de familias, familias con hijos transgénero. Quieren detener esta atención sanitaria, y están abusando de su poder para intentar literalmente intimidar y acosar a médicos y padres con el fin de avanzar ese objetivo político".
A pesar de sus fallos anteriores, la jueza Rubin afirmó que la solicitud de tratamiento colectivo simplemente no encajaba con el asunto que tenía ante sí. En su decisión, señaló que los argumentos presentados por los demandantes eran bien fundados, pero en última instancia insuficientes para justificar el paso sin precedentes de certificar una demanda nacional. Esto deja la puerta totalmente abierta para que la DOJ continúe sus prácticas invasivas contra hospitales de todo el país.
La DOJ ha enviado citaciones a más de 20 grandes sistemas médicos, incluido NYU Langone Health, solicitando información relacionada con pacientes que recibieron atención de afirmación de género cuando eran menores. Las implicaciones de esto son enormes, ya que pone en riesgo la privacidad y la seguridad de innumerables jóvenes trans.
A medida que el panorama legal sigue cambiando, los defensores se preguntan cuáles serán los próximos pasos. Con la DOJ de la administración Trump intensificando sus esfuerzos contra los derechos trans, la lucha por la privacidad y la protección de la juventud trans está lejos de haber terminado. Nunca antes habían estado en juego tanto; la comunidad se está movilizando para garantizar que sus voces sean escuchadas.
Esta resolución no es solo un revés legal; es un duro recordatorio de la batalla en curso por los derechos trans en Estados Unidos. Mientras los defensores y las familias de jóvenes trans siguen resistiendo estas tácticas agresivas, una cosa está clara: la lucha por la dignidad, el respeto y la privacidad de las personas transgénero está lejos de haber terminado.







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